El uso de la tecnología en la investigación criminal

El uso de la tecnología en la investigación criminal

Las técnicas policiales han evolucionado de forma paralela al propio desarrollo humano. En la actualidad, el uso de la tecnología por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulta esencial para la persecución y resolución de los delitos, no sólo los de naturaleza informática, como apunta el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Carlos Ortiz Pradillo.

“La tecnología se puede aplicar a todo tipo de delitos, por muy tradicionales que sean,” afirma el profesor. Incluso en casos de homicidio, agresión sexual o rapto, las autoridades pueden valerse de recursos tecnológicos para rastrear la huella digital, intervenir las comunicaciones o seguir los movimientos, añade.

“La aplicación de la tecnología en la investigación criminal contribuye a una averiguación de los delitos más rápida, eficaz y segura,” concluye Ortiz Pradillo.

La figura del agente encubierto informático

La figura del agente encubierto informático

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (#LECrim) ha incorporado la figura del agente encubierto informático entre las medidas de investigación tecnológica en el proceso penal. El Gobierno ha reconocido que la norma, de 1882, se había quedado más que desfasada en este sentido y que los avances tecnológicos han conducido a la necesidad de replantear sistemas y crear nuevos recursos para, entre otros objetivos, poder actuar ante la delincuencia organizada y los delitos informáticos.

La figura del agente encubierto informático viene regulada en el artículo 282bis. Para el magistrado José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, es un elemento fundamental para la lucha contra la ciberdelincuencia, dada la complejidad que presentan estos tipos de delitos. “Se trata de autorizar a miembros de la policía judicial para infiltrarse en las redes criminales para perseguir, obtener pruebas, identificar y llevar a los delincuentes ante la justicia,” ha afirmado el magistrado.

Archivos ilícitos

El agente encubierto no es un recurso nuevo. Navarro pone como ejemplo el caso de El Lobo, un infiltrado que contribuyó a la detención de 150 miembros de ETA en los años 70. La novedad viene dada por su carácter “informático.” Y tampoco está exento de controversia. “Con estas enmiendas se intenta colmar una laguna legislativa pero no queda muy claro cómo se utilizan los archivos ilícitos,” ha afirmado el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Federico Bueno de la Mata en La SER. El experto considera que el intercambio de archivos pornográficos, por ejemplo, podría quedar invalidado por decisión judicial si de esa actuación se determina que la policía está instigando al presunto pedófilo a cometer un delito.

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) incorpora, entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal, la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce en la actualidad con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos.

“La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables,” ha afirmado el Gobierno.

Esto significa trocear las macrocausas para instruir una por delito. De esta manera, se pretende resolver las dificultades que presentan procesos tipo Malaya, Gürtel, Palma Arena y ERE de Andalucía, que exigen de la Administración de Justicia gran dedicación por el volumen de hechos a investigar y el número de personas involucradas.

Para la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Pía Calderón Cuadrado, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, la reforma no es suficiente. “Acierta en el momento ha dejado de exigir la acumulación de determinados delitos, fundamentalmente en los conexos, pero faltaría tomar alguna medida adicional que, quizá, no se ha llevado a la práctica por ser una reforma parcial.”

De imputado a investigado. Reforma LECrim

De imputado a investigado. Reforma LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) introduce una modificación del término judicial ‘imputado’ que pasará denominarse ‘investigado’ en una primera fase y ‘encausado’ si se mantiene la acusación a medida que avanza la instrucción.

“El término ‘imputado’ remite a una figura con un señalado carácter negativo a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él. La sustitución del término ‘imputado’ por ‘investigado’ durante la fase de instrucción y por ‘encausado’ tras el auto formal de acusación aclarará el momento procesal exacto en el que nos encontramos y permitirá darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen,” afirma el Gobierno. Con todo, el entorno jurídico ha recibido el cambio con cierto escepticismo.

Para el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante, Jorge Rabasa Dolado, sólo es una diferencia terminológica. “Se ha cambiado para salvaguardar los derechos de las personas investigadas porque son juzgadas de manera peyorativa por la sociedad solo por tener que ir a declarar”, concluye el fiscal.

Jurado escabinado: ¿modelo para España?

Jurado escabinado: ¿modelo para España?

Algunos pronunciamientos emitidos por los Tribunales de Jurado en los últimos años han generado debate y reflexión en torno a esta institución; entre ellos, el del ex presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, o el de Dolores Vázquez.

El derecho-deber de la ciudadanía a participar de manera directa en la Administración de Justicia viene establecido por el artículo 125 de la Constitución española y desarrollado por la Ley del Jurado desde 1995. Se trata de un sistema no exento de problemas y controversias; siempre hay quien plantea su suspensión o reforma y cuestiona la capacidad de los ciudadanos jurados.

La huida del jurado es un fenómeno que describe la tendencia actual de evitar el tribunal popular siempre que se encuentra un resquicio legal. Para la doctora en Derecho Procesal Yolanda Doig Díaz, es un indicador de que es una institución destinada a desaparecer. Esta circunstancia no se da en otros países de nuestro entorno.

En Europa, existen tres sistemas de jurado: el puro o anglosajón, en el que, con muchos matices, encajaría el nuestro; un sistema de jurado mixto, implantado en Austria y Bélgica; y el escabinado, en Francia, Alemania, Grecia y Portugal. ¿Un cambio de modelo mejoraría la situación en España?

“Tendría que haber una clara vocación política de insertar la participación ciudadana del Tribunal del Jurado como un modelo vigente. Esto requiere educación, que todas las personas tengamos la conciencia de que es una colaboración, que tenemos que intervenir en la justicia,” explica la experta. En su opinión, el modelo escabinado es una posibilidad que habría que explorar.

Olga Fuentes: “El aforamiento es un privilegio histórico injustificable hoy en día”

Olga Fuentes: “El aforamiento es un privilegio histórico injustificable hoy en día”

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2014 para aforar al rey Juan Carlos, las reinas Letizia y Sofía y la princesa de Asturias intensificó el debate público sobre la idoneidad de la existencia del aforamiento en España. Para la directora del Máster Universitario en Abogacía UMH-ICAE, la catedrática de Derecho Procesal Olga Fuentes Soriano, se trata de un privilegio histórico injustificable hoy en día.