Alejandro Hurtado: “La misión del abogado es intentar solucionar los problemas de la gente”

Alejandro Hurtado: “La misión del abogado es intentar solucionar los problemas de la gente”

No todos los días son iguales en la práctica de la abogacía, aunque hay tareas que se repiten a menudo: atender clientes, resolver sus dudas, interpretar resoluciones, presentar escritos, preparar juicios, negociar… Con todo, cada caso o asunto tiene sus particularidades. Y la agenda no sólo la marca el profesional. “Depende de cómo funcione el Juzgado,” explica el abogado Alejandro Hurtado.

Antiguo alumno del Máster Universitario en Abogacía UMH-ICAE, Hurtado ejerce en un bufete de Elche especializado en derecho mercantil y concursal. Por su experiencia, el derecho es un ámbito duro, especialmente en momentos de crisis como el actual, por la fuerte competencia y la falta de recursos económicos. Sin embargo, es un trabajo que le resulta satisfactorio porque le permite ayudar a otras personas. “La misión del abogado es intentar solucionar los problemas de la gente de acuerdo a la legalidad,” afirma.

El derecho a saber

El derecho a saber

El concepto derecho a saber apela al derecho a acceder a la información pública y explica en un sistema democrático “el reconocimiento expreso a la ciudadanía de que aquello que hace el poder no tiene que ser opaco”, según plantea Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante.

Desde el surgimiento de la idea de derecho a saber en la década de los 60-70, las demandas ciudadanas que exigen al poder político un mayor nivel de transparencia se han ido generalizando.  Así, si bien se trata de un derecho consolidado en el ámbito internacional, en un estado con poca tradición de transparencia como es España, su traslación al ordenamiento jurídico ha tenido lugar  recientemente con la aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes leyes autonómicas que la han sucedido. En esta tendencia ha tenido (y tiene) una influencia notable el momento político, caracterizado por las reivindicaciones ciudadanas de apertura de las instituciones y regeneración política. Aunque son diversas las opiniones al respecto del carácter que tiene el derecho de acceso a la información, en España se ha configurado no como derecho fundamental sino a partir del acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos contemplado en el artículo 105.b de la Constitución.

La apertura de un canal de comunicación entre la ciudadanía y el poder político se fragua en la idea de transparencia, que incluye dos vertientes. Por una parte, el derecho de acceso a la información pública, que implica la obligación de la Administración de facilitar la información pública cuando un ciudadano o ciudadana la solicite. Pero, partiendo de ahí, se introduce el principio de publicidad activa, por la cual la Administración se obliga a publicar determinada información motu propio, sin necesidad de que le sea solicitada. “El principio de publicidad activa es la obligación de poner a disposición, no sólo de los ciudadanos interesados, sino de toda la ciudadanía cualquier información que se posea” señala Manuel Alcaraz Ramos. Se trata, así, de dos caras de una misma moneda que suponen un cambio en la forma de entender la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.

El uso de la tecnología en la investigación criminal

El uso de la tecnología en la investigación criminal

Las técnicas policiales han evolucionado de forma paralela al propio desarrollo humano. En la actualidad, el uso de la tecnología por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulta esencial para la persecución y resolución de los delitos, no sólo los de naturaleza informática, como apunta el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Carlos Ortiz Pradillo.

“La tecnología se puede aplicar a todo tipo de delitos, por muy tradicionales que sean,” afirma el profesor. Incluso en casos de homicidio, agresión sexual o rapto, las autoridades pueden valerse de recursos tecnológicos para rastrear la huella digital, intervenir las comunicaciones o seguir los movimientos, añade.

“La aplicación de la tecnología en la investigación criminal contribuye a una averiguación de los delitos más rápida, eficaz y segura,” concluye Ortiz Pradillo.

La figura del agente encubierto informático

La figura del agente encubierto informático

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (#LECrim) ha incorporado la figura del agente encubierto informático entre las medidas de investigación tecnológica en el proceso penal. El Gobierno ha reconocido que la norma, de 1882, se había quedado más que desfasada en este sentido y que los avances tecnológicos han conducido a la necesidad de replantear sistemas y crear nuevos recursos para, entre otros objetivos, poder actuar ante la delincuencia organizada y los delitos informáticos.

La figura del agente encubierto informático viene regulada en el artículo 282bis. Para el magistrado José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, es un elemento fundamental para la lucha contra la ciberdelincuencia, dada la complejidad que presentan estos tipos de delitos. “Se trata de autorizar a miembros de la policía judicial para infiltrarse en las redes criminales para perseguir, obtener pruebas, identificar y llevar a los delincuentes ante la justicia,” ha afirmado el magistrado.

Archivos ilícitos

El agente encubierto no es un recurso nuevo. Navarro pone como ejemplo el caso de El Lobo, un infiltrado que contribuyó a la detención de 150 miembros de ETA en los años 70. La novedad viene dada por su carácter “informático.” Y tampoco está exento de controversia. “Con estas enmiendas se intenta colmar una laguna legislativa pero no queda muy claro cómo se utilizan los archivos ilícitos,” ha afirmado el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Federico Bueno de la Mata en La SER. El experto considera que el intercambio de archivos pornográficos, por ejemplo, podría quedar invalidado por decisión judicial si de esa actuación se determina que la policía está instigando al presunto pedófilo a cometer un delito.

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) incorpora, entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal, la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce en la actualidad con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos.

“La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables,” ha afirmado el Gobierno.

Esto significa trocear las macrocausas para instruir una por delito. De esta manera, se pretende resolver las dificultades que presentan procesos tipo Malaya, Gürtel, Palma Arena y ERE de Andalucía, que exigen de la Administración de Justicia gran dedicación por el volumen de hechos a investigar y el número de personas involucradas.

Para la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Pía Calderón Cuadrado, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, la reforma no es suficiente. “Acierta en el momento ha dejado de exigir la acumulación de determinados delitos, fundamentalmente en los conexos, pero faltaría tomar alguna medida adicional que, quizá, no se ha llevado a la práctica por ser una reforma parcial.”

De imputado a investigado. Reforma LECrim

De imputado a investigado. Reforma LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) introduce una modificación del término judicial ‘imputado’ que pasará denominarse ‘investigado’ en una primera fase y ‘encausado’ si se mantiene la acusación a medida que avanza la instrucción.

“El término ‘imputado’ remite a una figura con un señalado carácter negativo a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él. La sustitución del término ‘imputado’ por ‘investigado’ durante la fase de instrucción y por ‘encausado’ tras el auto formal de acusación aclarará el momento procesal exacto en el que nos encontramos y permitirá darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen,” afirma el Gobierno. Con todo, el entorno jurídico ha recibido el cambio con cierto escepticismo.

Para el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Alicante, Jorge Rabasa Dolado, sólo es una diferencia terminológica. “Se ha cambiado para salvaguardar los derechos de las personas investigadas porque son juzgadas de manera peyorativa por la sociedad solo por tener que ir a declarar”, concluye el fiscal.