La prueba neurocientífica y el Derecho Procesal (Parte II)

Como ya pudísteis leer en nuestro blog, en el mes de abril contamos con una conferencia del profesor Jordi Nieva, Catedrático en Derecho Procesal de la UAB, quien habló sobre la neurociencia y su aplicación en el Derecho Procesal. 

Hoy queremos compartir con vosotros la segunda parte de la entrevista, en la que se responden las siguientes cuestiones:

  • ¿Qué grado de avance tiene la neurociencia en el Derecho Procesal español?
  • ¿Qué riesgos puede tener la neurociencia en el proceso jurídico?

 

La prueba neurocientífica y el Derecho Procesal (Parte I)

El pasado 5 de abril tuvimos la oportunidad de contar con el Catedrático en Derecho Procesal de la UAB, Jordi Nieva, quien vino a hablar sobre la prueba neurocientífica y sus repercusiones en el derecho procesal, dentro del seminario permanente de actualidad jurídica de la UMH. 

Aprovechando su visita, hemos preparado un vídeo en el que el Profesor explica qué relación tiene la neurociencia con el derecho procesal. 

Hoy te dejamos la primera parte de la entrevista, en la que se responden las siguientes cuestiones:

  • ¿Por qué la neurociencia es importante en el Derecho Procesal?
  • ¿En qué medida se aplica la neurociencia en el Derecho Procesal?

 

 

Francisco Ramos Méndez: “Ha cambiado la filosofía de aproximación al abogado, a la justicia y a los derechos humanos en general”

Francisco Ramos Méndez: “Ha cambiado la filosofía de aproximación al abogado, a la justicia y a los derechos humanos en general”

La tecnología, las nuevas formas de delincuencia y los cambios que experimenta la sociedad española día a día exigen de la justicia y la abogacía una actualización constante. Francisco Ramos Méndez, abogado y catedrático de Derecho Procesal en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), menciona la diligencia como elemento clave para el desarrollo adecuado de un trabajo: la abogacía se tiene que acomodar a la evolución natural de las preocupaciones y necesidades de la sociedad; “no podría ser de otra manera”, remarca.

Ramos Méndez reflexiona acerca de la politización o independencia de la justicia que tanto preocupa a la ciudadanía: “hay un poco de todo” y “no se pueden hacer valoraciones generales”, concluye tras referirse a un caso que considera “paradigmático”. No obstante, en el proceso de interpretación de los hechos intervienen los medios de comunicación y acuñan etiquetas que es necesario contrastar con “lo que ocurre en realidad, lo que ocurre en el papel y las lecturas que se hacen de las resoluciones judiciales” -aclara el abogado.

Por último, Francisco Ramos Méndez comparte su opinión respecto a la conveniencia de reformar definitivamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para entregar la instrucción de las causas penales al Ministerio Fiscal: “podemos cambiar y encomendar la instrucción al Ministerio Fiscal si ponemos algunas condiciones y hacemos determinadas modificaciones”, dice, “pero mientras no se hagan esas modificaciones ni se ponga un escenario similar al actual en el que el Juez de instrucción desarrolla su labor, yo me quedo con el Juez de instrucción”, cierra refiriendo el título del artículo que escribió defendiendo su postura al respecto.

 

 

Vídeo resumen de la graduación de la IV promoción del Máster en Abogacía

Vídeo resumen de la graduación de la IV promoción del Máster en Abogacía

La IV promoción del Máster Universitario en Abogacía organizado conjuntamente por la UMH y el Ilustre Colegio de abogados de Elche (ICAE) se graduó el pasado viernes 10 de febrero. Los egresados y egresadas recogieron el diploma en un acto solemne que tuvo lugar en la sede del ICAE; presidieron la ceremonia el Decano del Colegio de abogados D. Vicente Pascual Pascual, la directora del Máster de Abogacía Dª Olga Fuentes Soriano y el codirector del Máster por el ICAE D. Antonio Prats Albentosa. “Don Quijote de la Mancha, abogado del Siglo XXI” dio nombre a la conferencia de clausura que corrió a cargo del Catedrático de Derecho Procesal  y abogado D. Francisco Ramos Méndez.

 

Alejandro Hurtado: “La misión del abogado es intentar solucionar los problemas de la gente”

Alejandro Hurtado: “La misión del abogado es intentar solucionar los problemas de la gente”

No todos los días son iguales en la práctica de la abogacía, aunque hay tareas que se repiten a menudo: atender clientes, resolver sus dudas, interpretar resoluciones, presentar escritos, preparar juicios, negociar… Con todo, cada caso o asunto tiene sus particularidades. Y la agenda no sólo la marca el profesional. “Depende de cómo funcione el Juzgado,” explica el abogado Alejandro Hurtado.

Antiguo alumno del Máster Universitario en Abogacía UMH-ICAE, Hurtado ejerce en un bufete de Elche especializado en derecho mercantil y concursal. Por su experiencia, el derecho es un ámbito duro, especialmente en momentos de crisis como el actual, por la fuerte competencia y la falta de recursos económicos. Sin embargo, es un trabajo que le resulta satisfactorio porque le permite ayudar a otras personas. “La misión del abogado es intentar solucionar los problemas de la gente de acuerdo a la legalidad,” afirma.

El derecho a saber

El derecho a saber

El concepto derecho a saber apela al derecho a acceder a la información pública y explica en un sistema democrático “el reconocimiento expreso a la ciudadanía de que aquello que hace el poder no tiene que ser opaco”, según plantea Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante.

Desde el surgimiento de la idea de derecho a saber en la década de los 60-70, las demandas ciudadanas que exigen al poder político un mayor nivel de transparencia se han ido generalizando.  Así, si bien se trata de un derecho consolidado en el ámbito internacional, en un estado con poca tradición de transparencia como es España, su traslación al ordenamiento jurídico ha tenido lugar  recientemente con la aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes leyes autonómicas que la han sucedido. En esta tendencia ha tenido (y tiene) una influencia notable el momento político, caracterizado por las reivindicaciones ciudadanas de apertura de las instituciones y regeneración política. Aunque son diversas las opiniones al respecto del carácter que tiene el derecho de acceso a la información, en España se ha configurado no como derecho fundamental sino a partir del acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos contemplado en el artículo 105.b de la Constitución.

La apertura de un canal de comunicación entre la ciudadanía y el poder político se fragua en la idea de transparencia, que incluye dos vertientes. Por una parte, el derecho de acceso a la información pública, que implica la obligación de la Administración de facilitar la información pública cuando un ciudadano o ciudadana la solicite. Pero, partiendo de ahí, se introduce el principio de publicidad activa, por la cual la Administración se obliga a publicar determinada información motu propio, sin necesidad de que le sea solicitada. “El principio de publicidad activa es la obligación de poner a disposición, no sólo de los ciudadanos interesados, sino de toda la ciudadanía cualquier información que se posea” señala Manuel Alcaraz Ramos. Se trata, así, de dos caras de una misma moneda que suponen un cambio en la forma de entender la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.