EL SINDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA RECIBE A LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE ABOGACÍA UMH-ICAE

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Los días 15 y 17 de mayo, los estudiantes del Máster de abogacía de la UMH y el ICAE visitaron al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana donde fueron cálidamente recibidos por el propio Síndic y el personal de la Sindicatura. Los estudiantes, que se organizaron en dos grupos diferentes para poder ser atendidos de manera personalizada, acudieron acompañados y asesorados por la profesora de Derecho Civil de la UMH, Dra. Cristina López Sánchez y por los abogados del ICAE y también profesores también del Máster, D. Antonio Vicente Amorós y Dª Pilar Peña Piqueres.

El objetivo de la visita era conocer el funcionamiento de la institución, la tramitación de las quejas, el proceso para emitir las resoluciones y contrastar el conocimiento teórico previo que los estudiantes tenían de la institución con su actividad práctica cotidiana.DSC02142

La función principal de esta institución es investigar las posibles vulneraciones de derechos y libertades de los ciudadanos. En este contexto, el Síndic de Greuges puede iniciar una investigación, bien porque así se lo solicita un ciudadano o una persona jurídica o bien porque lo considere oportuno el propio Síndic. La investigación tratará de esclarecer los actos y las resoluciones de la administración, autoridades o funcionarios para ver y comprobar si algún derecho o alguna libertad no han sido respetados.

Esta visita se enmarca enlogo-cabecera@2x la asignatura del Máster “Prácticas externas I” que se lleva a cabo en el segundo cuatrimestre y en la que los estudiantes, además de tener que asistir a juicios, vistas y otras actuaciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales (Audiencias previas, conciliaciones…), realizan juicios simulados, turnos de guardia junto con un abogado de oficio, acuden al Servicio de Orientación de Jurídica para conocer su funcionamiento y acuden también a determinadas instituciones cuyo conocimiento en profundidad les será de utilidad en su futuro desarrollo profesional. Entre estas instituciones, durante el cuatrimestre en curso los estudiantes, además de al Síndic de Greuges han acudido también al Centro Penitenciario de Fontcalent con gran aprovechamiento en ambos casos.

Premio Estudios Jurídicos RAVJL

Premio Estudios Jurídicos RAVJL

En la convocatoria del Premio Estudios Jurídicos de la RAVJL podrán participar y optar al galardón personas licenciadas en Derecho  que cuenten con una trayectoria profesional como jurista de al menos 5 años.

La Real academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación (RAVJL) ha convocado el Premio Estudios Jurídicos para premiar las mejores obras y trabajos jurídicos realizados durante el año sobre materias generales o temas monográficos determinados.

Este premio, que se entrega por segundo año consecutivo, tiene una dotación económica de 3.000 euros, así mismo, al premiado o premiada se le otorgará un diploma acreditativo.

En esta convocatoria podrán participar licenciados y licenciadas en derecho con una trayectoria como jurista de al menos cinco años y que presenten  una monografía original sobre cualquier tema jurídico, con una extensión mínima de 50 páginas, antes del 1 de septiembre de 2018.

Las bases del premio se pueden consultar directamente en la página de la Real academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.

Controvertida doctrina de la DGRN sobre la “no inscripción” de los autos de homologación de acuerdos o transacciones judiciales.

Controvertida doctrina de la DGRN sobre la “no inscripción” de los autos de homologación de acuerdos o transacciones judiciales.

Por Alejandro M. Bañón González*

Registrador de la propiedad

Del examen de las resoluciones de la DGRN últimamente publicadas destaca particularmente su rechazo claro, reiterado e insistente, a que los autos de homologación, dictados al amparo del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puedan ser inscritos directamente en el Registro de la Propiedad, con evidente perjuicio para el justiciable que, creyendo haber solucionado la controversia con el acuerdo obtenido, se ve sometido a un trámite adicional que no termina de entender porque, ni formal, ni materialmente, parece que añada nada a la resolución que tiene ya en sus manos. 

bookshelf-1082309_1920Entre las razones expuestas por la Dirección General para oponerse a la pretensión de acceder a esa inscripción directa, tomando palabras de su Resolución de 6 de septiembre de 2016, se argumenta lo siguiente:

Por un lado, que “la transacción, aun homologada judicialmente, no es una sentencia y por ello carece de su contenido y efectos… nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley”. Y, con referencia al auto de homologación, que “tampoco es una sentencia pues el Juez se limita a comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes (artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”. (más…)

A vueltas con la elección del “Compliance Officer” de la persona jurídica

A vueltas con la elección del “Compliance Officer” de la persona jurídica

Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha emitido un informe por parte de su Comisión Jurídica sobre la intervención del Abogado como responsable de cumplimiento normativo o “compliance officer” (el informe puede verse en el siguiente enlace http://pdfs.wke.es/4/7/1/4/pd0000114714.pdf)

El referido informe, que recoge doctrina muy cualificada, alcanza la siguiente conclusión: no es aconsejable que el oficial de cumplimiento sea el abogado interno de la empresa.

Es necesario advertir que la llegada de los programas de cumplimiento penal a nuestro país ha abierto la puerta a la denominada “defensa penal preventiva” de la persona jurídica. Por ello, deviene un acierto considerar que, en primer lugar, tanto en el asesoramiento previo como en la posterior implementación de los programas debe intervenir necesariamente un especialista en Derecho y, preferentemente, un abogado. Así pues, actividades tales como la evaluación de riesgos penales, la formación de los trabajadores en cumplimiento normativo u otras relacionadas con el ámbito jurídico, no pueden ser abordadas por personas ajenas al Derecho.

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El gobierno impulsa reformas en la Abogacía y la Procura

Con el fin de adaptar la normativa española a las exigencias derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior el Gobierno (en la sesión del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018) ha dado impulso a la tramitación del Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

El Anteproyecto que, según se ha anunciado, se tramitará mediante el procedimiento de urgencia, irá destinado a regular dos cuestiones fundamentales relacionadas con el ejercicio conjunto de la abogacía y la procura en las sociedades profesionales, por un lado y, por otro, con el acceso a dichas profesiones. Asimismo, esta nueva regulación se propone, igualmente, clarificar el régimen arancelario de los procuradores. (más…)

Examen Acceso a la Abogacía 2018

Examen Acceso a la Abogacía 2018

El Ministerio de Justicia ha publicado la CONVOCATORIA de la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía de 2018 que, según lo previsto, tendrá lugar el sábado 3 de marzo . Acompañando a la convocatoria se ha publicado, además, una nota informativa del Ministerio mediante Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre), en la que se informa de las siguientes cuestiones:

  • Todos aquellos aspirantes que deseen participar en dicha prueba deberán inscribirse en los términos previstos en la convocatoria desde el día 2 de diciembre hasta el 21 de diciembre, ambos inclusive.

El Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de los/las candidatos/as la posibilidad de realizar la inscripción de forma telemática, a través de la sede electrónica. No obstante, también puede realizarse la inscripción de forma presencial a través del modelo de solicitud disponible en la página web de este Ministerio, el cual deberá descargarse con los datos del/la aspirante cumplimentados de forma mecanográfica, evitando en todo caso su cumplimentación de forma manual.

 

  • En las sedes con lengua cooficial el aspirante podrá optar por realizar la prueba en castellano o en la lengua cooficial, todo ello conforme a la Base 10 de la Orden de convocatoria.
  • Igualmente, se recuerda a los aspirantes que deberán reunir la totalidad de los requisitos a los que se refiere la convocatoria, sin perjuicio de aquellos contenidos en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.
  • Las Comisiones de evaluación y las sedes de la prueba se determinarán en función del número de candidatos que presenten su solicitud en el plazo establecido.
  • Con objeto de simplificar los trámites y reducir las cargas administrativas que deben soportar los aspirantes, estos deben señalar en su solicitud de admisión de forma clara e inequívoca la Universidad o EPJ de realización del máster o curso de formación, para que el Ministerio de Justicia pueda recabar directamente de la Universidad o EPJ correspondiente la información de cada aspirante relativa al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prueba de evaluación.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA

 

Esta prueba trata de medir los conocimientos de las y los participantes acerca del ejercicio de la profesión y de las normas deontológicas y profesionales, de acuerdo con el sistema de acceso a la abogacía que establece la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.