Los macroprocesos tras la reforma LECrim

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) incorpora, entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal, la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce en la actualidad con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos.

“La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables,” ha afirmado el Gobierno.

Esto significa trocear las macrocausas para instruir una por delito. De esta manera, se pretende resolver las dificultades que presentan procesos tipo Malaya, Gürtel, Palma Arena y ERE de Andalucía, que exigen de la Administración de Justicia gran dedicación por el volumen de hechos a investigar y el número de personas involucradas.

Para la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Pía Calderón Cuadrado, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, la reforma no es suficiente. “Acierta en el momento ha dejado de exigir la acumulación de determinados delitos, fundamentalmente en los conexos, pero faltaría tomar alguna medida adicional que, quizá, no se ha llevado a la práctica por ser una reforma parcial.”

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Susana Álvarez de Neyra, autora del artículo

La determinación del sujeto responsable de un hecho delictivo siempre ha sido uno de los principales objetivos de la fase de instrucción penal. Si su identificación no resulta posible, el juicio oral no podrá abrirse quedando de este modo los hechos sin juzgar y sin el correspondiente reproche penal, caso de merecerlo.

Los avances científicos han supuesto, sin duda, una gran ayuda para la consecución de este fin. Cotejo de huellas dactilares, análisis de sangre, muestras biológicas para comparación de perfiles, etc., ayudan, si no a establecer la autoría, sí, al menos, para situar o relacionar de algún modo (que después se discutirá en el acto del juicio) al propietario con el hecho punible.

No obstante, se puede caer en la tentación de desplazar al imputado como centro del proceso y sujeto de derechos, a considerarle objeto del mismo en cuanto fuente de investigación. Debemos huir de la tentación de restar fuerza a los derechos que ha costado siglos conquistar.

Es preciso encontrar el difícil equilibrio entre el correcto aprovechamiento de los modernos instrumentos de identificación del imputado que sirven al mejor fin de la justicia y los derechos fundamentales de los afectos a un proceso penal. De sus derechos procesales (entre ellos, y muy especialmente, en aplicación extensiva del derecho a no declarar y a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable) y de sus derechos materiales (entre los que destaca la presunción de inocencia).  (más…)