El fomento del Whistleblowing y la delación en España como respuesta institucional ante la corrupción

El fomento del Whistleblowing y la delación en España como respuesta institucional ante la corrupción

Prof. Dr. Juan Carlos Ortiz Pradillo*

Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Complutense de Madrid

juancarlosortiz@ucm.es

Dentro de los diversos debates jurídicos sobre cómo combatir eficazmente la corrupción en España, una de las actuales tendencias legislativas se centra en conseguir incentivar la colaboración con la Justicia de quienes más y mejor información poseen sobre las tramas criminales relacionadas con la delincuencia económica y la corrupción, pues, como bien sabemos, una privilegiada fuente de información para destapar dichas tramas delictivas y conseguir eficaces pruebas de cargo suelen ser los propios miembros de dicha trama, los empresarios corruptores y demás sujetos sobornados que dejan de recibir un trato privilegiado y deciden “tirar de la manta” o los empleados que conocen las irregularidades internas y callan por temor a represalias laborales.

“Llama la atención cómo los sistemas legales han articulado todo un Derecho premial centrado en el delincuente y no tanto en el ciudadano colaborador, al que aún se le sigue viendo como un delator que acusa a otros en secreto”

La paradoja se halla en que, cuando quienes se deciden a colaborar con la Justicia son los propios integrantes de la trama corrupta, los Estados no han dudado a la hora de buscar incentivos con los que premiar dicha colaboración (atenuantes, eximentes, beneficios penitenciarios, e incluso con la decisión de no acusarles), mientras que cuando quien se anima a colaborar con las autoridades resulta ser un ciudadano comprometido con sus deberes cívicos, debemos reconocer que el ordenamiento jurídico no siempre le ha dispensado la debida protección ni le ha recompensado merecidamente por su leal y valiente actuación. Llama la atención cómo los sistemas legales han articulado todo un Derecho premial centrado en el delincuente y no tanto en el ciudadano colaborador, al que aún se le sigue viendo como un delator que acusa a otros en secreto y cautelosamente, y al que la aplicación de las medidas de protección establecidas procesalmente para los testigos, peritos y víctimas resulta, cuanto menos, claramente insuficientes para evitar que estos ciudadanos sean señalados y discriminados en sus entornos sociales y laborales.

Por fortuna, la situación está cambiando en nuestro país, aunque aún muy lentamente. Diversas iniciativas legales en favor del fomento de la cultura de la transparencia, el buen gobierno y lucha contra la corrupción defienden la necesidad de luchar abiertamente contra esta cultura que denosta más al denunciante (al que se la califica de Judas) que a la conducta denunciada, y conceder a sus acciones el reconocimiento y la protección que merecen como verdaderos ejemplos de conductas heroicas, de tal modo que cuando la persona que decide comunicar esas malas prácticas, irregularidades, corruptelas,  e  incluso  la  comisión  de  actos  delictivos,  es  uno  de  los  propios  empleados  de  una  entidad

“Diversas iniciativas legales en favor del fomento de la cultura de la transparencia, el buen gobierno y lucha contra la corrupción defienden la necesidad de luchar abiertamente contra esta cultura que denosta más al denunciante (al que se la califica de Judas) que a la conducta denunciada”

privada o un funcionario público de la Administración, se está articulando (en el ámbito privado, a través de la autorregulación empresarial mediante la incorporación de Programas internos de Compliance, y en el ámbito público, mediante leyes administrativas autonómicas de protección de los denunciantes de corrupción y de creación de Oficinas Antifraude) la configuración de un nuevo status a favor de estas personas: se les califica con el anglicismo «whistleblower» (expresión más cercana a la figura del colaborador con la Justicia que a la del soplón o delator) y se disponen específicas medidas de protección (tales como la reserva de su identidad, la articulación de canales confidenciales para la recepción de sus denuncias, asistencia jurídica y específicas normas para evitar represalias laborales) al considerarles ejemplos de coraje cívico y de resistencia ética.

 

*El Prof. Dr. Juan Carlos Ortiz Pradillo es Licenciado en Derecho con Premio extraordinario de fin de Carrera y Doctor en Derecho cum laude, acaba de publicar la obra LOS DELATORES EN EL PROCESO PENAL. Recompensas, Anonimato, Protección y otras Medidas para incentivar una «Colaboración eficaz» con la Justicia. 2018. ISBN: 978 84-9020-705-5. Editorial LA LEY Wolters Kluwer, Madrid, España. (409 págs).
Además de su labor como Profesor Titular de Derecho Procesal, también imparte formación en el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo y en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha para la formación de mandos policiales. Y compagina su labor académica con la presidencia de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Toledo.
EL “FUERO DEL CONSUMIDOR” EN LOS LITIGIOS CON REDES SOCIALES. A propósito de la STJUE de 25 de enero de 2018 (Schrems vs. Facebook)

EL “FUERO DEL CONSUMIDOR” EN LOS LITIGIOS CON REDES SOCIALES. A propósito de la STJUE de 25 de enero de 2018 (Schrems vs. Facebook)

Lucía Moreno García. Investigadora Posdoctoral de Derecho Procesal. Universidad de Almería. Sobre el tema ha publicado también el artículo titulado: “Delimitación del fuero del consumidor en asuntos relacionados con redes sociales y protección de datos”, en Diario La Ley, Nº 9270, de 2 de octubre de 2018.

A comienzos de año, el TJUE dictaba la Sentencia de 25 de enero de 2018, en el asunto Schrems contra Facebook (asunto C-498/16). En esta Sentencia, el Tribunal de Justicia delimita el “fuero del consumidor” dispuesto en el –hoy derogado– Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, en relación con la demanda interpuesta por el Sr. Schrems, usuario de la red social “Facebook”, en materia de protección de datos personales. Las precisiones efectuadas por el Tribunal de Justicia en dicha Sentencia revisten especial interés para interpretar los artículos 17 y 18 del vigente Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre, sobre competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

En la referida Sentencia, el TJUE examina dos cuestiones interesantes. Una, la determinación de la condición de consumidor de un usuario de una red social que la emplea para usos privados y profesionales. Y otra, la problemática cesión de los derechos para el ejercicio de acciones judiciales y la posibilidad de invocar el fuero del consumidor.

El contexto en el que se dicta la referida Sentencia es un litigio entre el Sr. Schrems, con domicilio en Austria, y la entidad “Facebook Ireland Limited”, con domicilio social en Irlanda. El Sr. Schrems, usuario de la referida red social, había ejercitado varias acciones civiles en su nombre y en el de otros siete consumidores residentes en Austria, Alemania y la India en relación con el tratamiento de los datos personales y su cesión a terceros, así como sobre la invalidez de determinadas cláusulas contractuales relativas a las condiciones de uso de esa plataforma social.

Según se infiere de la citada Sentencia, el demandante en el litigio principal tiene abierta una cuenta privada de Facebook desde 2008; sin embargo, en 2011, se abre también una página de Facebook para informar a los internautas sobre sus acciones contra Facebook y sus participaciones en debates públicos, así como para solicitar donaciones y dar publicidad a sus libros.

En el litigio principal, el Sr. Schrems había invocado el fuero del consumidor, por lo que presenta la demanda ante los tribunales de Austria. Sin embargo, la competencia judicial internacional de estos tribunales es cuestionada por la entidad demandada. Llegado el asunto al Tribunal Supremo austriaco, éste decide suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre la interpretación del referido fuero. Básicamente, aquel tribunal plantea: (i) si se pierde la condición de “consumidor” de una cuenta privada de Facebook por el hecho de publicar libros, dar conferencias o gestionar sitios webs; y (ii) si el Sr. Schrems puede invocar el fuero del consumidor no sólo respecto de sus acciones, sino también respecto de las pretensiones cedidas por otros consumidores residentes en el mismo Estado miembro, en otro Estado miembro o en un tercer país.

Respecto del concepto de consumidor, lo primero que recuerda el TJUE es que las normas especiales sobre competencia judicial internacional en materia de consumo deben interpretarse de forma estricta; de forma que, el fuero del consumidor sólo se aplica en el caso de que el contrato tenga una finalidad privada. Sin embargo, tal afirmación no da respuesta a los casos controvertidos de contratos con doble finalidad, es decir, cuando el contrato está relacionado parcialmente con una actividad profesional. Para tales supuestos, el Tribunal de Justicia precisa que el “fuero del consumidor” se aplicará si el vínculo del contrato con la actividad profesional es tan tenue que pueda considerarse marginal (cfr. apartado 32).

Ahora bien, en lo que respecta al caso concreto, el TJUE es consciente de las peculiaridades que entraña el concepto de consumidor de una red social digital. Éstas suelen ser utilizadas durante un prolongado periodo de tiempo y es posible que cambie el uso de dichos servicios. Por esta razón, el Tribunal de Justicia precisa que, para determinar la condición de consumidor, debe tenerse en cuenta, sobre todo, “la evolución posterior del uso que se hace de dichos servicios” (apartado 37). Esta interpretación supone que un usuario de los servicios de una red social sólo podrá invocar el fuero del consumidor “si el uso esencialmente no profesional de tales servicios para el cual celebró inicialmente un contrato no ha adquirido con posterioridad un carácter esencialmente profesional” (apartado 38).

Como puede constatarse, el Tribunal de Justicia hace depender el concepto de “consumidor” de una red social del carácter esencial del uso privado y de su   continuidad en el tiempo. En concreto, el TJUE precisa que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de “consumidor” por el hecho de publicar libros, dar conferencias o gestionar sitios web.

Respecto de la posibilidad de invocar el “fuero del consumidor” respecto de los derechos cedidos por otros consumidores para el ejercicio de acciones judiciales, el Tribunal de Justicia señala que el fuero del consumidor está pensado para proteger al consumidor cuando es personalmente demandante o demandado en un procedimiento, es decir, cuando es parte del contrato de consumo objeto del litigio. Por lo que, el demandante que no sea parte del contrato no podrá invocar el “fuero del consumidor” (apartado 44).

En coherencia con lo expuesto, el Tribunal de Justicia concluye que el fuero del consumidor no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende hacer valer ante el tribunal de su domicilio no sólo sus propios derechos, sino también los cedidos por otros consumidores. La razón de ello es que una cesión de derechos “no puede fundamentar un nuevo fuero específico a favor del consumidor cesionario” (v. apartados 48 y 49). Por tanto, el fuero del consumidor sólo se aplica a la acción ejercitada –personalmente– por el consumidor contra la otra parte contratante, el profesional.
Finalmente, merece dejar apuntada como posible solución –futura– para una tutela conjunta de los derechos de los consumidores, el mecanismo previsto en la Propuesta de Directiva sobre las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, que se proyecta extender a sectores como el de la protección de datos (v. el considerando 6 de la Propuesta).

Empresa y Reglamento General de Protección de Datos de la UE:  el Delegado de Protección de Datos

Empresa y Reglamento General de Protección de Datos de la UE: el Delegado de Protección de Datos

Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ*
Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional privado de la Universidad Miguel
Hernández de Elche
alfonso.ortega@umh.es

A partir del 25 de mayo de 2018 será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos –RGPD–). Para esta fecha todas las empresas deben haberse adaptado a las nuevas exigencias que se establecen; es decir, conocer los nuevos derechos que tendrán que proporcionar como responsables de datos ante los interesados propietarios de éstos, así como cumplir con las nuevas obligaciones.

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Algunas reflexiones sobre la “Jura de cuentas”. El procedimiento de los Arts. 34 y 35 LEC

Algunas reflexiones sobre la “Jura de cuentas”. El procedimiento de los Arts. 34 y 35 LEC

José Bonet Navarro

Catedrático de Derecho Procesal.

Universidad de Valencia

Como consecuencia de las conclusiones que la abogada general, Dña. Juliane Kokott, formuló el 15 de septiembre de 2016 primero, y, después, por los términos de la Sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de febrero de 2017, en el asunto C-503/2015, con ocasión de las cuestiones prejudiciales que elevó el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 (único) de Terrassa (Barcelona) sobre el control de cláusulas abusivas en el llamado “expediente de jura de cuentas”, focalizan su atención en la posible naturaleza jurisdiccional de este procedimiento. De ese modo, resulta adecuado retomar el tema sobre la pertinencia de que este alto funcionario judicial tenga el protagonismo absoluto para tramitar y resolver en este singular procedimiento, en caso de que la actividad desarrollada pueda considerarse como netamente jurisdiccional. En cualquier caso, resulta patente que el juez debería controlar las cláusulas abusivas en algún momento.

“el llamado “expediente de jura de cuentas” no ha sido considerado como contrario al derecho de la Unión por la STJUE básicamente por entenderse -en mi opinión con escaso fundamento- como un procedimiento de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Así y todo, las consideraciones de la abogada general y, por último, la sentencia, en cualquier caso, no impiden o más bien permiten afirmar que este procedimiento es de naturaleza jurisdiccional”
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Controvertida doctrina de la DGRN sobre la “no inscripción” de los autos de homologación de acuerdos o transacciones judiciales.

Controvertida doctrina de la DGRN sobre la “no inscripción” de los autos de homologación de acuerdos o transacciones judiciales.

Por Alejandro M. Bañón González*

Registrador de la propiedad

Del examen de las resoluciones de la DGRN últimamente publicadas destaca particularmente su rechazo claro, reiterado e insistente, a que los autos de homologación, dictados al amparo del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puedan ser inscritos directamente en el Registro de la Propiedad, con evidente perjuicio para el justiciable que, creyendo haber solucionado la controversia con el acuerdo obtenido, se ve sometido a un trámite adicional que no termina de entender porque, ni formal, ni materialmente, parece que añada nada a la resolución que tiene ya en sus manos. 

bookshelf-1082309_1920Entre las razones expuestas por la Dirección General para oponerse a la pretensión de acceder a esa inscripción directa, tomando palabras de su Resolución de 6 de septiembre de 2016, se argumenta lo siguiente:

Por un lado, que “la transacción, aun homologada judicialmente, no es una sentencia y por ello carece de su contenido y efectos… nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley”. Y, con referencia al auto de homologación, que “tampoco es una sentencia pues el Juez se limita a comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes (artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”. (más…)

Ceferina Soriano Martínez: “Por ética profesional, hay que seguir atendiendo a las personas aunque el sistema se haya sofisticado”

Ceferina Soriano Martínez: “Por ética profesional, hay que seguir atendiendo a las personas aunque el sistema se haya sofisticado”


Ceferina Soriano Martínez
(Pamplona, 1931) es la primera abogada de Elche. El Consejo General de la Abogacía Española le ha concedido la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía “por sus innumerables méritos tanto a nivel profesional como personal” solicitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acaba de publicar su biografía.

¿Por qué estudió Derecho?

Estudié en la Universidad de Murcia entre 1950 y 1955. Dudé entre Derecho y Medicina, pero ésta quedaba muy lejos y ya era bastante con que me dejaran estudiar como para irme a vivir fuera sola. Siempre quise cambiar las leyes que oprimían a las mujeres; veía que vivíamos en un mundo dominado por hombres que no nos valoraba. Eso no me gustaba, había que cambiarlo. (más…)