Ceferina Soriano Martínez: “Por ética profesional, hay que seguir atendiendo a las personas aunque el sistema se haya sofisticado”

Ceferina Soriano Martínez: “Por ética profesional, hay que seguir atendiendo a las personas aunque el sistema se haya sofisticado”


Ceferina Soriano Martínez
(Pamplona, 1931) es la primera abogada de Elche. El Consejo General de la Abogacía Española le ha concedido la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía “por sus innumerables méritos tanto a nivel profesional como personal” solicitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acaba de publicar su biografía.

¿Por qué estudió Derecho?

Estudié en la Universidad de Murcia entre 1950 y 1955. Dudé entre Derecho y Medicina, pero ésta quedaba muy lejos y ya era bastante con que me dejaran estudiar como para irme a vivir fuera sola. Siempre quise cambiar las leyes que oprimían a las mujeres; veía que vivíamos en un mundo dominado por hombres que no nos valoraba. Eso no me gustaba, había que cambiarlo. (más…)

Mediación penal, una realidad en la justicia penal de adultos

La autora del texto, Arantxa Llorente.

Arantxa Llorente

La Directiva 2012/29 UE obliga a los estados miembros a regular la mediación penal en sus legislaciones internas, incorporándose en la reforma del Código Penal operada por la LO 1/15; en la Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima del delito; y en la LO 7/15 de reforma de la LOPJ; no incluyéndose su regulación en las diferentes reformas aprobadas en 2015 que modifica, de forma dispersa, algunos preceptos de Lecrim.

La LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal introduce en la Disposición Final 2ª, apartado 10, el principio de oportunidad de forma reglada, resultando modificado el contenido del artículo 963 de la Lecr, que permite en determinadas circunstancias (escasa gravedad de la infracción, circunstancias personales del autor, satisfacción de la Responsabilidad Civil, determinados antecedentes penales, falta de interés público en la persecución del hecho, etc.), que el Ministerio Fiscal desista de la acción penal (más…)

Ya en vigor: los plazos de la instrucción

Olga Fuentes Soriano

Olga Fuentes Soriano

Entre la vorágine de reformas procesales que el año 2015 nos ha dejado, contamos con la introducción (tan necesaria como polémica) de un sistema de plazos para controlar la duración de la fase instructora.

Desde el pasado 6 de diciembre, dichos plazos ya están en vigor pero…, ¿sabemos exactamente a qué plazos nos estamos refiriendo, cómo afectan al proceso, al derecho de defensa o qué posibilidades tiene el abogado ante ellos?

Pese a la evidencia de que una instrucción que se prolonga durante años (décadas incluso) atenta directamente contra derechos fundamentales tales como el derecho a un proceso con todas garantías o el derecho a la tutela judicial efectiva, han alzado la voz de forma prácticamente unánime las asociaciones de jueces (a excepción de la APM) y fiscales acompañadas en esta ocasión también de la abogacía, tildando de inviables los plazos introducidos con la reforma del art. 324 LECrim. (más…)

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

Los macroprocesos tras la reforma LECrim

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) incorpora, entre las medidas previstas para la agilización de la justicia penal, la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce en la actualidad con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos.

“La acumulación por conexión se realizará en casos tasados. Fuera de ellos, la instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales y a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios. Con esta medida se evitará el colapso de los juzgados por asuntos inabarcables,” ha afirmado el Gobierno.

Esto significa trocear las macrocausas para instruir una por delito. De esta manera, se pretende resolver las dificultades que presentan procesos tipo Malaya, Gürtel, Palma Arena y ERE de Andalucía, que exigen de la Administración de Justicia gran dedicación por el volumen de hechos a investigar y el número de personas involucradas.

Para la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Pía Calderón Cuadrado, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, la reforma no es suficiente. “Acierta en el momento ha dejado de exigir la acumulación de determinados delitos, fundamentalmente en los conexos, pero faltaría tomar alguna medida adicional que, quizá, no se ha llevado a la práctica por ser una reforma parcial.”

El uso de la coacción en la toma de muestras de ADN

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Susana Álvarez de Neyra, autora del artículo

La determinación del sujeto responsable de un hecho delictivo siempre ha sido uno de los principales objetivos de la fase de instrucción penal. Si su identificación no resulta posible, el juicio oral no podrá abrirse quedando de este modo los hechos sin juzgar y sin el correspondiente reproche penal, caso de merecerlo.

Los avances científicos han supuesto, sin duda, una gran ayuda para la consecución de este fin. Cotejo de huellas dactilares, análisis de sangre, muestras biológicas para comparación de perfiles, etc., ayudan, si no a establecer la autoría, sí, al menos, para situar o relacionar de algún modo (que después se discutirá en el acto del juicio) al propietario con el hecho punible.

No obstante, se puede caer en la tentación de desplazar al imputado como centro del proceso y sujeto de derechos, a considerarle objeto del mismo en cuanto fuente de investigación. Debemos huir de la tentación de restar fuerza a los derechos que ha costado siglos conquistar.

Es preciso encontrar el difícil equilibrio entre el correcto aprovechamiento de los modernos instrumentos de identificación del imputado que sirven al mejor fin de la justicia y los derechos fundamentales de los afectos a un proceso penal. De sus derechos procesales (entre ellos, y muy especialmente, en aplicación extensiva del derecho a no declarar y a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable) y de sus derechos materiales (entre los que destaca la presunción de inocencia).  (más…)