Empresa y Reglamento General de Protección de Datos de la UE:  el Delegado de Protección de Datos

Empresa y Reglamento General de Protección de Datos de la UE: el Delegado de Protección de Datos

Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ*
Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional privado de la Universidad Miguel
Hernández de Elche
alfonso.ortega@umh.es

A partir del 25 de mayo de 2018 será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos –RGPD–). Para esta fecha todas las empresas deben haberse adaptado a las nuevas exigencias que se establecen; es decir, conocer los nuevos derechos que tendrán que proporcionar como responsables de datos ante los interesados propietarios de éstos, así como cumplir con las nuevas obligaciones.

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Algunas reflexiones sobre la “Jura de cuentas”. El procedimiento de los Arts. 34 y 35 LEC

Algunas reflexiones sobre la “Jura de cuentas”. El procedimiento de los Arts. 34 y 35 LEC

José Bonet Navarro

Catedrático de Derecho Procesal.

Universidad de Valencia

Como consecuencia de las conclusiones que la abogada general, Dña. Juliane Kokott, formuló el 15 de septiembre de 2016 primero, y, después, por los términos de la Sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de febrero de 2017, en el asunto C-503/2015, con ocasión de las cuestiones prejudiciales que elevó el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 (único) de Terrassa (Barcelona) sobre el control de cláusulas abusivas en el llamado “expediente de jura de cuentas”, focalizan su atención en la posible naturaleza jurisdiccional de este procedimiento. De ese modo, resulta adecuado retomar el tema sobre la pertinencia de que este alto funcionario judicial tenga el protagonismo absoluto para tramitar y resolver en este singular procedimiento, en caso de que la actividad desarrollada pueda considerarse como netamente jurisdiccional. En cualquier caso, resulta patente que el juez debería controlar las cláusulas abusivas en algún momento.

“el llamado “expediente de jura de cuentas” no ha sido considerado como contrario al derecho de la Unión por la STJUE básicamente por entenderse -en mi opinión con escaso fundamento- como un procedimiento de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Así y todo, las consideraciones de la abogada general y, por último, la sentencia, en cualquier caso, no impiden o más bien permiten afirmar que este procedimiento es de naturaleza jurisdiccional”
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Controvertida doctrina de la DGRN sobre la “no inscripción” de los autos de homologación de acuerdos o transacciones judiciales.

Controvertida doctrina de la DGRN sobre la “no inscripción” de los autos de homologación de acuerdos o transacciones judiciales.

Por Alejandro M. Bañón González*

Registrador de la propiedad

Del examen de las resoluciones de la DGRN últimamente publicadas destaca particularmente su rechazo claro, reiterado e insistente, a que los autos de homologación, dictados al amparo del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puedan ser inscritos directamente en el Registro de la Propiedad, con evidente perjuicio para el justiciable que, creyendo haber solucionado la controversia con el acuerdo obtenido, se ve sometido a un trámite adicional que no termina de entender porque, ni formal, ni materialmente, parece que añada nada a la resolución que tiene ya en sus manos. 

bookshelf-1082309_1920Entre las razones expuestas por la Dirección General para oponerse a la pretensión de acceder a esa inscripción directa, tomando palabras de su Resolución de 6 de septiembre de 2016, se argumenta lo siguiente:

Por un lado, que “la transacción, aun homologada judicialmente, no es una sentencia y por ello carece de su contenido y efectos… nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley”. Y, con referencia al auto de homologación, que “tampoco es una sentencia pues el Juez se limita a comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes (artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)”. (más…)

Ceferina Soriano Martínez: “Por ética profesional, hay que seguir atendiendo a las personas aunque el sistema se haya sofisticado”

Ceferina Soriano Martínez: “Por ética profesional, hay que seguir atendiendo a las personas aunque el sistema se haya sofisticado”


Ceferina Soriano Martínez
(Pamplona, 1931) es la primera abogada de Elche. El Consejo General de la Abogacía Española le ha concedido la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía “por sus innumerables méritos tanto a nivel profesional como personal” solicitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). La Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acaba de publicar su biografía.

¿Por qué estudió Derecho?

Estudié en la Universidad de Murcia entre 1950 y 1955. Dudé entre Derecho y Medicina, pero ésta quedaba muy lejos y ya era bastante con que me dejaran estudiar como para irme a vivir fuera sola. Siempre quise cambiar las leyes que oprimían a las mujeres; veía que vivíamos en un mundo dominado por hombres que no nos valoraba. Eso no me gustaba, había que cambiarlo. (más…)

Mediación penal, una realidad en la justicia penal de adultos

La autora del texto, Arantxa Llorente.

Arantxa Llorente

La Directiva 2012/29 UE obliga a los estados miembros a regular la mediación penal en sus legislaciones internas, incorporándose en la reforma del Código Penal operada por la LO 1/15; en la Ley 4/15 del Estatuto de la Víctima del delito; y en la LO 7/15 de reforma de la LOPJ; no incluyéndose su regulación en las diferentes reformas aprobadas en 2015 que modifica, de forma dispersa, algunos preceptos de Lecrim.

La LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal introduce en la Disposición Final 2ª, apartado 10, el principio de oportunidad de forma reglada, resultando modificado el contenido del artículo 963 de la Lecr, que permite en determinadas circunstancias (escasa gravedad de la infracción, circunstancias personales del autor, satisfacción de la Responsabilidad Civil, determinados antecedentes penales, falta de interés público en la persecución del hecho, etc.), que el Ministerio Fiscal desista de la acción penal (más…)

Ya en vigor: los plazos de la instrucción

Olga Fuentes Soriano

Olga Fuentes Soriano

Entre la vorágine de reformas procesales que el año 2015 nos ha dejado, contamos con la introducción (tan necesaria como polémica) de un sistema de plazos para controlar la duración de la fase instructora.

Desde el pasado 6 de diciembre, dichos plazos ya están en vigor pero…, ¿sabemos exactamente a qué plazos nos estamos refiriendo, cómo afectan al proceso, al derecho de defensa o qué posibilidades tiene el abogado ante ellos?

Pese a la evidencia de que una instrucción que se prolonga durante años (décadas incluso) atenta directamente contra derechos fundamentales tales como el derecho a un proceso con todas garantías o el derecho a la tutela judicial efectiva, han alzado la voz de forma prácticamente unánime las asociaciones de jueces (a excepción de la APM) y fiscales acompañadas en esta ocasión también de la abogacía, tildando de inviables los plazos introducidos con la reforma del art. 324 LECrim. (más…)