La abogacía como servicio público

La abogacía como servicio público

El artículo 24.2 de la Constitución Española reconoce la defensa y la asistencia de letrado como derecho fundamental, dotándolas así de una protección especial por parte del Estado para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la asistencia jurídica.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás González Cuéllar, destaca la función social que, de forma innegable, cumple la abogacía. Con acierto, señala que los y las profesionales de la abogacía debe ser conscientes de que desarrollan un servicio público: “No sólo defendemos los intereses que nos encomiendan nuestros clientes sino que actuamos como órganos colaboradores de la jurisdicción.”

Títulos profesionales de abogado/a

Títulos profesionales de abogado/a

¡Atención! Aquellas personas que superaran la primera evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado/a para el año 2016, convocada por Orden PRE/2498/2015, de 24 de noviembre, ya pueden proceder a la retirada de los títulos profesionales. La Subdirección General del Ministerio de Justicia ha remitido los mismos al Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), donde podrán ser retirados de manera inmediata.

La retirada de los títulos será personal, por lo que resulta necesario presentar el DNI, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, excepto viernes tarde. La persona responsable de la entrega es María Jaén.

Transcurridos seis meses desde este momento, los títulos que no hayan sido recogidos serán devueltos al Ministerio de Justicia para su custodia.

El Máster en Abogacía UMH-ICAE renueva la acreditación de título oficial

El Máster en Abogacía UMH-ICAE renueva la acreditación de título oficial

¡Felices! Nos acaban de comunicar que hemos superado la evaluación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prosperactiva (AVAP). Esto significa que el Consejo de Universidades, a través de su Comisión de Verificación y Acreditación, ha renovado la acreditación del título universitario oficial de Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) para los próximos cuatro años.

Excelente noticia tras meses de intenso trabajo para cumplir con un proceso de evaluación global de carácter obligatorio que tienen que seguir periódicamente todos los títulos universitarios oficiales inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). La renovación de la acreditación, que realiza AVAP, ha consistido en una valoración de la situación del título según el compromiso adquirido en memoria verifica y según las directrices de evaluación de la guía de evaluación AVAP e incluye también una visita insitu a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Se ha comprobado que los resultados del título son satisfactorios, concretamente en la adquisición de competencias por parte del alumnado.

El resultado favorable de esta evaluación externa verifica la calidad de nuestra enseñanza y su adecuada adaptación al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y a Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales así como a su reglamento de desarrollo promulgado mediante el Real Decreto 775/2011.

Esto recompensa el considerable esfuerzo y compromiso que mantenemos desde 2012 para proporcionar la mejor formación universitaria de postgrado en el ámbito de la abogacía. Éste es un éxito de equipo. Gracias a todo el profesorado, alumnado y personal administrativo. ¡Buen trabajo!

El derecho a saber

El derecho a saber

El concepto derecho a saber apela al derecho a acceder a la información pública y explica en un sistema democrático “el reconocimiento expreso a la ciudadanía de que aquello que hace el poder no tiene que ser opaco”, según plantea Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante.

Desde el surgimiento de la idea de derecho a saber en la década de los 60-70, las demandas ciudadanas que exigen al poder político un mayor nivel de transparencia se han ido generalizando.  Así, si bien se trata de un derecho consolidado en el ámbito internacional, en un estado con poca tradición de transparencia como es España, su traslación al ordenamiento jurídico ha tenido lugar  recientemente con la aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes leyes autonómicas que la han sucedido. En esta tendencia ha tenido (y tiene) una influencia notable el momento político, caracterizado por las reivindicaciones ciudadanas de apertura de las instituciones y regeneración política. Aunque son diversas las opiniones al respecto del carácter que tiene el derecho de acceso a la información, en España se ha configurado no como derecho fundamental sino a partir del acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos contemplado en el artículo 105.b de la Constitución.

La apertura de un canal de comunicación entre la ciudadanía y el poder político se fragua en la idea de transparencia, que incluye dos vertientes. Por una parte, el derecho de acceso a la información pública, que implica la obligación de la Administración de facilitar la información pública cuando un ciudadano o ciudadana la solicite. Pero, partiendo de ahí, se introduce el principio de publicidad activa, por la cual la Administración se obliga a publicar determinada información motu propio, sin necesidad de que le sea solicitada. “El principio de publicidad activa es la obligación de poner a disposición, no sólo de los ciudadanos interesados, sino de toda la ciudadanía cualquier información que se posea” señala Manuel Alcaraz Ramos. Se trata, así, de dos caras de una misma moneda que suponen un cambio en la forma de entender la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.

El Comité de Evaluación Externa visita la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

El Comité de Evaluación Externa visita la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

El Comité de Evaluación Externa de la Agència Valenciana d’Avalució i Prospectiva (AVAP) visita la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche para el proceso de renovación de la acreditación de las titulaciones Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Máster Universitario en Abogacía.

Puedes participar en la evaluación dando tu opinión sobre nuestros estudios como docente, estudiante o PAS. Participa en la sesión abierta que tendrá lugar el próximo miércoles, 24 de febrero, de 12:30 a 13 horas en el aula 1.5 del edificio La Galia.

La acreditación es un proceso de evaluación que realizan auditores externos para asegurar la calidad de la enseñanza impartida en las titulaciones, además de verificar que éstas cumplen sus compromisos.

El uso de la tecnología en la investigación criminal

El uso de la tecnología en la investigación criminal

Las técnicas policiales han evolucionado de forma paralela al propio desarrollo humano. En la actualidad, el uso de la tecnología por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulta esencial para la persecución y resolución de los delitos, no sólo los de naturaleza informática, como apunta el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Carlos Ortiz Pradillo.

“La tecnología se puede aplicar a todo tipo de delitos, por muy tradicionales que sean,” afirma el profesor. Incluso en casos de homicidio, agresión sexual o rapto, las autoridades pueden valerse de recursos tecnológicos para rastrear la huella digital, intervenir las comunicaciones o seguir los movimientos, añade.

“La aplicación de la tecnología en la investigación criminal contribuye a una averiguación de los delitos más rápida, eficaz y segura,” concluye Ortiz Pradillo.