El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano Soriano participa en el acto de bienvenida del Máster Universitario en Abogacía

Jornada de bienvenida del Máster en Abogacía UMH-ICAE

Bienvenida del Máster en Abogacía UMH-ICAE

El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano Soriano participará en la sesión de bienvenida del Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche con una conferencia sobre los principales cambios en el proceso penal tras las últimas reformas y sus consecuencias.

“La idea es presentar el máster al nuevo alumnado y poder disfrutar de una ponencia inaugural sobre temas de actualidad a cargo de juristas de prestigio,” explica la directora del Máster, la catedrática en Derecho Procesal de la UMH Olga Fuentes Soriano, sobre esta actividad.

El acto tendrá lugar el próximo jueves, 29 de septiembre, a las 19:30 horas, en el aula Misteri d´Elx, en el edificio Torrevaíllo del campus de Elche.

Cómo será el segundo examen de acceso a la abogacía 2016

Cómo será el segundo examen de acceso a la abogacía 2016

La segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía de 2016 tendrá lugar el próximo 29 de octubre, a partir de las 9:30 horas, en Palma, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Madrid, según el Ministerio de Justicia, que ha publicado, además, la lista de aspirantes.

Esta prueba escrita de carácter objetivo y contenido teórico práctico, convocada por Orden PRE/1235/2016, de 21 de julio, trata de medir los conocimientos de las y los participantes acerca del ejercicio de la profesión y de las normas deontológicas y profesionales, de acuerdo con el nuevo sistema de acceso a la abogacía que establece la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

De cuatro horas de duración, el examen constará de 75 preguntas, con cuatro alternativas de respuesta cada una de las que sólo una es la correcta. Del total, 50 corresponderán a cuestiones sobre deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión, asistencia letrada y del proceso; las 25 restantes se referirán a una especialidad jurídica a elegir entre las cuatro que figuran en la sección de materias específicas: civil y mercantil, penal, administrativo y contencioso-administrativo así como laboral. Además, la prueba tendrá preguntas de reserva por si la comisión evaluadora anula alguna de las titulares.

En cuanto a la evaluación, cada pregunta tendrá un valor de 1 punto. Se descontará 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta y no penalizarán las no contestadas. La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% del examen y el 30% de la formación especializada (Máster en Abogacía). Para aprobar habrá que conseguir un 5 de un total de 10 puntos. La nota final de cada alumna/o será únicamente de apto o no apto.

Para preparar la prueba, recomendamos leer con atención las bases y consultar el examen anterior. ¡Recordad! No está permitido el uso de textos legales, manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo.

La abogacía como servicio público

La abogacía como servicio público

El artículo 24.2 de la Constitución Española reconoce la defensa y la asistencia de letrado como derecho fundamental, dotándolas así de una protección especial por parte del Estado para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a la asistencia jurídica.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás González Cuéllar, destaca la función social que, de forma innegable, cumple la abogacía. Con acierto, señala que los y las profesionales de la abogacía debe ser conscientes de que desarrollan un servicio público: “No sólo defendemos los intereses que nos encomiendan nuestros clientes sino que actuamos como órganos colaboradores de la jurisdicción.”

Títulos profesionales de abogado/a

Títulos profesionales de abogado/a

¡Atención! Aquellas personas que superaran la primera evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado/a para el año 2016, convocada por Orden PRE/2498/2015, de 24 de noviembre, ya pueden proceder a la retirada de los títulos profesionales. La Subdirección General del Ministerio de Justicia ha remitido los mismos al Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE), donde podrán ser retirados de manera inmediata.

La retirada de los títulos será personal, por lo que resulta necesario presentar el DNI, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, excepto viernes tarde. La persona responsable de la entrega es María Jaén.

Transcurridos seis meses desde este momento, los títulos que no hayan sido recogidos serán devueltos al Ministerio de Justicia para su custodia.

El Máster en Abogacía UMH-ICAE renueva la acreditación de título oficial

El Máster en Abogacía UMH-ICAE renueva la acreditación de título oficial

¡Felices! Nos acaban de comunicar que hemos superado la evaluación de la Agència Valenciana d´Avaluació i Prosperactiva (AVAP). Esto significa que el Consejo de Universidades, a través de su Comisión de Verificación y Acreditación, ha renovado la acreditación del título universitario oficial de Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) para los próximos cuatro años.

Excelente noticia tras meses de intenso trabajo para cumplir con un proceso de evaluación global de carácter obligatorio que tienen que seguir periódicamente todos los títulos universitarios oficiales inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). La renovación de la acreditación, que realiza AVAP, ha consistido en una valoración de la situación del título según el compromiso adquirido en memoria verifica y según las directrices de evaluación de la guía de evaluación AVAP e incluye también una visita insitu a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Se ha comprobado que los resultados del título son satisfactorios, concretamente en la adquisición de competencias por parte del alumnado.

El resultado favorable de esta evaluación externa verifica la calidad de nuestra enseñanza y su adecuada adaptación al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y a Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales así como a su reglamento de desarrollo promulgado mediante el Real Decreto 775/2011.

Esto recompensa el considerable esfuerzo y compromiso que mantenemos desde 2012 para proporcionar la mejor formación universitaria de postgrado en el ámbito de la abogacía. Éste es un éxito de equipo. Gracias a todo el profesorado, alumnado y personal administrativo. ¡Buen trabajo!

El derecho a saber

El derecho a saber

El concepto derecho a saber apela al derecho a acceder a la información pública y explica en un sistema democrático “el reconocimiento expreso a la ciudadanía de que aquello que hace el poder no tiene que ser opaco”, según plantea Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante.

Desde el surgimiento de la idea de derecho a saber en la década de los 60-70, las demandas ciudadanas que exigen al poder político un mayor nivel de transparencia se han ido generalizando.  Así, si bien se trata de un derecho consolidado en el ámbito internacional, en un estado con poca tradición de transparencia como es España, su traslación al ordenamiento jurídico ha tenido lugar  recientemente con la aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes leyes autonómicas que la han sucedido. En esta tendencia ha tenido (y tiene) una influencia notable el momento político, caracterizado por las reivindicaciones ciudadanas de apertura de las instituciones y regeneración política. Aunque son diversas las opiniones al respecto del carácter que tiene el derecho de acceso a la información, en España se ha configurado no como derecho fundamental sino a partir del acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos contemplado en el artículo 105.b de la Constitución.

La apertura de un canal de comunicación entre la ciudadanía y el poder político se fragua en la idea de transparencia, que incluye dos vertientes. Por una parte, el derecho de acceso a la información pública, que implica la obligación de la Administración de facilitar la información pública cuando un ciudadano o ciudadana la solicite. Pero, partiendo de ahí, se introduce el principio de publicidad activa, por la cual la Administración se obliga a publicar determinada información motu propio, sin necesidad de que le sea solicitada. “El principio de publicidad activa es la obligación de poner a disposición, no sólo de los ciudadanos interesados, sino de toda la ciudadanía cualquier información que se posea” señala Manuel Alcaraz Ramos. Se trata, así, de dos caras de una misma moneda que suponen un cambio en la forma de entender la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.