El profesor Pedro Eugenio Montserrat Molina, nuevo doctor

El doctor Montserrat Molina con el Tribunal

El doctor Montserrat Molina con el Tribunal

Contamos con un nuevo doctor. Felicitamos al secretario judicial y profesor de Práctica Penal Especializada del Máster en Abogacía UMH-ICAE Pedro Eugenio Montserrat Molina por la reciente lectura de su tesis doctoral Los actos de comunicación y actuaciones judiciales en los procesos especiales, dirigida por el catedrático de Derecho Procesal de la UA, José María Asencio Mellado.

La directora del Máster, la catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes Soriano, ha participado en el Tribunal, que ha dado al trabajo la máxima calificación, con el catedrático de Derecho Procesal de la UNED, José Vicente Gimeno Sendra, y la profesora de Derecho Procesal de la UA Verónica López Yagües.

Derecho, abogacía y Justicia en España. Con Antonio Sempere

La formación es esencial en el ejercicio de la abogacía, en opinión del magistrado del Tribunal Supremo Antonio Sempere Navarro: “La lucha ya no está en la información, puesto que se puede adquirir a golpe de clic. Sin embargo, la formación está en la persona, no en la Red. Ahí es donde los colegios profesionales y las universidades tienen que dar su valor añadido.”

Sempere tiene una visión amplia e integral del mundo jurídico gracias a sus experiencias como profesor, investigador, abogado y magistrado. ¿Qué opina acerca de los últimos cambios en los estudios de Derecho? ¿Y sobre el nuevo sistema de acceso a la abogacía? Y si tenemos en cuenta lo anterior, ¿cuál es el futuro de la Justicia en España? ¿Qué se necesita saber para el ejercicio de la profesión hoy día?

En octubre, dio la conferencia Seis tribunales para seis sentencias: el poder de la abogacía en la bienvenida del Máster en Abogacía UMH-ICAE.

"El marco normativo existente es insuficiente para garantizar el derecho a la protección de datos ante una transferencia internacional de datos ilícita"

"El marco normativo existente es insuficiente para garantizar el derecho a la protección de datos ante una transferencia internacional de datos ilícita"

¿Sería lícito que una empresa situada en España transfiriese información personal de sus empleados/as a otra entidad situada en Rusia sin autorización de las personas titulares de los datos? Por supuesto que no. Éste es un caso de vulneración del derecho a la protección de datos de personas físicas por un tratamiento ilícito internacional de sus datos personales, situaciones que se dan con mayor frecuencia de lo que se imagina, según el experto en Derecho Internacional Privado Alfonso Ortega Giménez.

Profesor del Máster en Abogacía de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) Alfonso Ortega ha abordado esta cuestión en su tesis doctoral La (des)protección del titular del derecho a la protección de datos derivada de una transferencia internacional ilícita en Derecho Internacional Español, que defendió en la Universidad de Alicante (UA) el pasado 5 de septiembre, ante un tribunal integrado por la directora del Máster, la catedrática de Derecho Procesal Olga Fuentes Soriano, el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia, Guillermo Palao  Moreno, así como el profesor titular acreditado por catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia Julián Valero Torrijos, que otorgaron la máxima calificación al trabajo: sobresaliente.

La persona titular del derecho a la protección de datos se encuentra en una situación de inferioridad jurídica ante una transferencia internacional de datos ilícita, al borde de la desprotección frente al conocimiento técnico superior y poder económico del individuo infractor, sostiene Alfonso Ortega en su tesis doctoral, dirigida por los profesores y expertos en Derecho Internacional Privado de la UA Manuel Desantes Real y Manuel E. Morán García. “Para obtener una compensación ante tal violación, el Derecho Internacional Privado se presenta como el sistema normativo más manifiesta y sencillamente mejorable, ya sea reinterpretando a favor del perjudicado las normas vigentes de competencia judicial internacional y derecho aplicable, ya sea reformando en sentido tuitivo dicha normativa,” apunta el ya doctor en Derecho.

El profesor Alfonso Ortega considera necesarios ciertos retoques en el sistema de Derecho Privado Internacional, además de otras soluciones más globales, para proporcionar al titular del derecho a la protección de datos afectado/a por una transferencia internacional ilícita una tutela adecuada, equilibrada y efectiva.

Igualdad crea un premio para tesis doctorales sobre violencia de género

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha creado el Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género destinado a distinguir las tesis doctorales que contribuyan a mejorar el conocimiento de la dimensión, consecuencias y medios para evitar este tipo de violencia, según la Orden SS/I/1507/2014, de 29 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge las bases reguladoras del galardón.

La dotación del premio será única, estableciéndose su cuantía individualizada en cada convocatoria. Las investigaciones sobre violencia de género que quieran optar al premio deberán haberse defendido en cualquier universidad española, obteniendo la mención cum laude, además de estar escritas en castellano y ser inéditas.

Para la concesión de esta distinción, el jurado valorará, entre otros aspectos, el interés y carácter innovador de la tesis doctoral, su calidad científico-técnica y el rigor de su análisis; la calidad metodológica y la utilización de técnicas de investigación social empírica, además de la propuesta de acciones innovadoras, de carácter piloto o experimental, que faciliten información relevante para desarrollar políticas encaminadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.

Podrán participar aquellas personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las convocatorias en el BOE.