2ª CONVOCATORIA DEL EXAMEN PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO

2ª CONVOCATORIA DEL EXAMEN PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO

El BOE ya ha publicado la convocatoria de la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018. Tal y como indica el Ministerio de Justicia, el examen se realizará el día 15 de diciembre.

Todos aquellos aspirantes que deseen participar en dicha prueba deberán inscribirse en los
términos previstos en la convocatoria. El plazo de inscripción estará abierto desde el 17 de septiembre hasta el 5 de octubre, ambos inclusive. 

Recordamos que este examen sólo podrá realizarse, una vez superado el correspondiente Máster Universitario en Abogacía, reglado y validado conforme a la normativa habilitante, como es el caso del Máster Universitario en Abogacía que organizamos conjuntamente la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE). 

A través de este enlace podéis acceder a la nota informativa, acerca de la convocatoria, emitida por el Ministerio de Justicia. Y a través de este otro encontraréis el documento del BOE referente, también, a dicha convocatoria en el que se desarrollan los diferentes aspectos a tener en cuenta, entre los que se incluyen el proceso que deberán seguir los aspirantes para solicitar la realización del examen.

La violencia de género, analizada por Olga Fuentes

Olga FuentesA raíz de los terribles asesinatos de mujeres ocurridos este verano como consecuencia de la violencia machista, nuestra directora, Olga Fuentes, Catedrática de Derecho Procesal y especializada en Violencia de género fue entrevistada por la cadena SER de Valencia para el programa Hoy por Hoy.

La violencia de género es un problema de magnitudes desproporcionadas que provoca un número de 392 denuncias diarias; cifra en modo alguno comparable a las que se suceden en cualesquiera otros tipos delictivos. Y ante ello, por mucho que la respuesta a esta problema tenga que llegar, necesariamente, por vía educacional, como bien reconoce Olga Fuentes, conviene revisar igualmente la aplicación de las leyes que se está haciendo desde los Tribunales.

Si bien es cierto que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004) tenemos una de las legislaciones más avanzadas en materia de lucha contra la violencia de género, resulta igualmente cierto que su aplicación no está dando los frutos esperados. Desde una perspectiva judicial son muchos los ajustes a realizar en la interpretación de las normas. Quizás no se trate tanto –apuesta nuestra directora- de crear nuevas medidas judiciales, cuanto de favorecer una interpretación de la normativa procesal penal existente que se acomode a la realidad social de nuestros días, que es la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Se trata éste de uno de los criterios básicos de interpretación de la Ley que establece el art. 3 del Código Civil y que, sin embargo, en materia de género parece caer en el vacío. No podemos olvidar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se rigen nuestros procesos penales es una Ley de 1882 y que, obviamente, a lo largo de más de más de un siglo la realidad social ha cambiado; preceptos que pudieron tener su razón e ser en otra época y que se justifican incluso hoy para determinados delitos, no encuentran razonable aplicación en materia de violencia de género por cuanto consiguen el resultado contrario al fin perseguido que es, precisamente, acabar con esta lacra social.

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Este es el caso del art. 416 LECrim y la posibilidad de que las víctimas de violencia de género se acojan a la dispensa de declarar contra su agresor. La aplicación de este precepto que encuentra pleno sentido en otros tipos delictivos, carece de toda justificación razonable cuando de violencia de género se trata, propiciando su aplicación enormes bolsas de impunidad en lo que a la violencia contra las mujeres respecta. La dispensa de la obligación de denunciar y declarar entre familiares encuentra su fundamento en la protección que el Estado ofrece a la familia tratando de evitar que la obligación de colaborar en una investigación delictiva contra un familiar acabe rompiendo los lazos de afecto que tejen y sustentan esas relaciones familiares. Esto, que puede tener sentido en muchos de los tipos delictivos carece de toda justificación cuando se trata de una víctima de violencia de género, cuyas agresiones han sido causadas, precisamente, por el propio familiar denunciado e investigado; en tales casos, la aplicación del 416 LECrim no tiene sentido porque las relaciones afectivas que el Estado trata de proteger a través de dicho precepto ya no existen. Y no existen porque es el investigado quien, con sus reiteradas agresiones, ha destruido esos lazos afectivos que constituyen la base de la estructuración familiar. Lo único que el Estado debe proteger aquí es a la víctima agredida; dispensarla de declarar no constituye sino una vía de impunidad para el agresor que redunda en una total desprotección para ella.

Sobre todas estas cuestiones. y otros extremos relacionados con las mismas, se pronuncia nuestra directora Olga Fuentes en la entrevista que difundimos a continuación.

http://play.cadenaser.com/audio/004RD010000000339813/

Becas ICAE-FUNDESEM

Becas ICAE-FUNDESEM

El pasado mes de julio el Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) firmó con FUNDESEM un convenio de colaboración en el que se incluye la dotación por parte de FUNDESEM de un crédito formativo de hasta 20.000 euros para becas destinadas a alumnos del Máster en Derecho Empresarial (MDE). Este convenio ICAE-FUNDESEM supone que el ICAE cuente con un crédito formativo para conceder becas dirigidas a abogados del ICAE y personas vinculadas a éstos por razones de parentesco directo o docencia en los diferentes Master en Abogacía en los que el ICAE colabora. Así, cabe incluir en este último apartado a aquellos graduados en Derecho cuyas prácticas en el Máster de Abogacía UMH-ICAE, hayan sido tutorizadas por un abogado del ICAE. 

En cuanto al importe de cada beca otorgada, éste no podrá exceder del 50% del precio del Máster en Derecho Empresarial (MDE). Así pues, por acuerdo de la Junta de Gobierno el importe mínimo de cada beca ascenderá a 4.000 €, siendo cinco el número máximo de becas a conceder, . En caso de que haya un número mayor de solicitantes, la Junta de Gobierno será quien decida los becados basándose en los siguientes criterios:

- Ser colegiado del ICAE

- Ser pariente directo de Colegiado del ICAE, tomando en consideración la mayor proximidad del parentesco

- Ser alumno de profesor-tutor de prácticas de Máster en Abogacía, colegiado del ICAE

 

 

El plazo solicitud concluirá el día 30 de septiembre de 2018. Y la concesión de las becas será resuelta por el ICAE antes del día 10 de octubre de 2018, quien comunicará los resultados a los interesados.

La utilidad y vinculación de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Francisco Javier Córdoba Tercero. Graduado en Derecho y Egresado del Master en Abogacía UMH-ICAE (V Promoción). Guardia Civil con más de 25 años de experiencia en Seguridad Pública y Proyección Internacional. Actualmente compatibilizando su profesión con la de Asesor Jurídico y mediador.

Francisco Javier Córdoba Tercero. Graduado en Derecho y Egresado del Master en Abogacía UMH-ICAE (V Promoción). Guardia Civil con más de 25 años de experiencia en Seguridad Pública y Proyección Internacional. Actualmente compatibilizando su profesión con la de Asesor Jurídico y mediador.

Recientemente el TJUE ha dictado una sentencia en la que declara que el Reino de España ha incumplido el mandato del legislador europeo, concretamente a la hora de establecer un mínimo de tres vehículos para poder optar a tener una autorización de transporte de mercancías por carretera. Este incumplimiento ha motivado que, durante los últimos años, todo aquel autónomo que haya querido emprender y dedicarse al transporte de mercancías, se haya visto en la necesidad de adquirir una autorización individual mediante cesión, encarecida por la falta de estas o, establecer una cooperativa con otros autónomos, con el consiguiente riesgo y ventura.

Tanto el artículo 91.1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, como el artículo 121 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, disponen que las sentencias del TJUE son obligatorias desde el día de su pronunciamiento. Igualmente, el TFUE, alude a la obligación de los Estados de adoptar medidas para la ejecución de una sentencia de incumplimiento (artículo 260.1) y a la obligación de la institución, órgano u organismo del que emanó el acto anulado, de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (artículo 266.1). Pero el TFUE no contiene un precepto que prescriba con carácter general una obligación de aplicación de las sentencias del Tribunal, a diferencia de lo que sucede con otros actos de la Unión (artículo 288 TFUE).

En última instancia, el fundamento de la obligatoriedad de dicha sentencia se encuentra, para los Estados, en el principio de cooperación leal (artículo 4.3 TFUE), reservándose la alta institución la posibilidad de presentar recurso por incumplimiento. Y es en el marco de dicho recurso de incumplimiento, donde la sentencia estimatoria tiene carácter declarativo y se limita a constatar que dicho incumplimiento se ha producido, pero “el Tribunal de Justicia no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de uno de los Estados miembros”.

En contraposición a dicha afirmación, debemos aclarar que el art. 260.1 TFUE, imprime al Estado el deber de “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal”, atendiendo al compromiso concertado de cumplir el Derecho de la Unión Europea, habida cuenta que lo que la sentencia declara es, precisamente, que éste se ha incumplido.

Esto contrasta con lo establecido en el art. 279 TFUE, el cual da la posibilidad al TJUE de ordenar medidas provisionales previas a la sentencia, lo cual crea una extraña paradoja, al dar la posibilidad al Tribunal de suspender una norma de un estado miembro hasta que se pronuncie, pero a su vez, la sentencia definitiva no puede suspender esa misma norma.

Sobre los plazos para la adopción de las medidas correctoras, el artículo 260 TFUE guarda silencio, si bien el criterio expresado de forma reiterada por la jurisprudencia del Alto Tribunal, es que la ejecución debe iniciarse inmediatamente y debe concluirse en el plazo más breve.

La consecuencia derivada de una sentencia del TJUE, que declara una norma contraria al Derecho de la Unión, es la posibilidad de declarar la invalidez de los actos administrativos realizados bajo el paraguas de dicha norma, existiendo en nuestro ordenamiento interno las siguientes vías de actuación.

En primer lugar, es posible utilizar la vía del artículo 106 LPACAP, cuando el vicio de invalidez que aqueja al acto puede subsumirse en algunas de las causas de nulidad establecidas en el art. 47, puntos 1 y 2 LPACAP, siendo el referido punto 2, el que declarar que “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior […]”.

En segundo lugar, si la infracción del Derecho de la Unión hace al acto anulable y este es declarativo de derechos, la administración podrá utilizar la vía del art. 107 LPACAP, iniciando el procedimiento de oficio, si no han pasado 4 años desde que se dictó, no siendo posible que un particular inste dicha declaración de lesividad.

En tercer lugar, si el acto nulo o anulable es de gravamen, la Administración podrá revocarlo al amparo del art. 109.1 LPACAP, aunque condiciona esta posibilidad a que no haya transcurrido el plazo de prescripción. Pudiendo resultar útil para los casos en que el interés general exija la rectificación de actos contrarios al Derecho de la Unión.

En cuarto lugar, el art. 125 LPACAP regula el recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa, que procede por los motivos tasados en el apartado primero de dicho artículo. De entre estos motivos, podría acomodarse al supuesto de revisión de actos, la existencia de una condena por incumplimiento del TJUE, pudiendo aplicar lo establecido en la letra b): “Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida”. En este sentido, el documento de valor esencial que evidencia el error del acto administrativo debería ser la sentencia del alto tribunal europeo, sin embargo, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo lo rechaza.

Para finalizar, el art. 102 de la LJCA, modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, regla el recurso de revisión para dar entrada a un nuevo motivo relacionado con las sentencias del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, pero no ha dispuesto nada en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En este sentido, cabe entender que un correcto uso de la cuestión prejudicial podría evitar la existencia de sentencias contrarias al Derecho de la Unión y que, para los casos en que se quebrante una Directiva por no haber planteado dicha cuestión, podría solicitarse la aplicación de la doctrina del TJUE en los casos Kühne y Kempter, esto es, solicitar al órgano administrativo la revisión del acto firme por sentencia judicial.

También tendría cabida la posibilidad de hacer uso de la institución de la responsabilidad patrimonial, muy adecuada para neutralizar los efectos desfavorables del acto que no se puede revisar. Esto sería posible porque los derechos de los particulares conferidos por el Derecho de la Unión se pueden preservar mediante el abono de una indemnización, siempre que la sentencia del Tribunal no haya limitado sus efectos. Así lo reconoce el TJUE que ha establecido los requisitos para tener acceso a la misma.

flag-3370970_960_720 Para finalizar, otra vía distinta sería apelar a la Sentencia del  Tribunal Constitucional 145/2012, Sala Primera, de 2 de julio de 2012, recurso de amparo 273-2011, FF.JJ. 5 y 7, en base a la cual el Consejo de Estado recomienda moderación y propone “renunciar al reconocimiento expreso en nuestro Derecho del poder-deber de la Administración de inaplicar normas internas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario”. A este respecto cabría esperar que, atendiendo al compromiso contraído por España, de acatar el acervo de la Unión Europea, en caso de que a partir de ahora, algún ciudadano quiera solicitar una autorización de transporte de mercancías por carretera, la administración se verá en la obligación de no poder aplicar el derecho nacional, en lo referente al requisito de los tres vehículos.

Francisco Javier Córdoba Tercero
18ª Edición del Premio de Artículos Jurídicos García Goyena

18ª Edición del Premio de Artículos Jurídicos García Goyena

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha convocado la 18ª edición del Premio de Artículos Jurídicos García Goyena.

La dotación de los premios previstos será la siguiente: un primer premio de 2.400 euros y un segundo premio de 1.200 euros, además de tres accésit. En todos los casos, a la dotación económica se acompañará la publicación en la Revista Digital de la Facultad de Derecho de la UNED; también se publicarán, en su caso, los tres accésit.

Los trabajos presentados deberán versar sobre la línea directriz siguiente: “Práctica española frente a los problemas jurídicos actuales”. Además, deberán ser originales e inéditos, con una extensión máxima de 35 páginas. Cabe destacar que será preciso seguir las instrucciones formales de publicación previstas para Revista de la Facultad de Derecho de la UNED.

Podrán participar licenciados y graduados en Derecho, tanto españoles como extranjeros, a excepción de quienes desempeñen tareas docentes o investigadoras en la sede de la Facultad de Derecho de la UNED en Madrid.

El plazo límite para el envío del original el 17 de enero de 2019.

Los artículos serán enviados, por triplicado y sin remite, a la siguiente dirección:

Premio Artículos Jurídicos “García Goyena” (18.ª edición) Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED C/Obispo Trejo, 2 – 28040 MADRID

Pincha aquí para encontrar las bases completas.