Con el fin de adaptar la normativa española a las exigencias derivadas de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior el Gobierno (en la sesión del Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018) ha dado impulso a la tramitación del Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

El Anteproyecto que, según se ha anunciado, se tramitará mediante el procedimiento de urgencia, irá destinado a regular dos cuestiones fundamentales relacionadas con el ejercicio conjunto de la abogacía y la procura en las sociedades profesionales, por un lado y, por otro, con el acceso a dichas profesiones. Asimismo, esta nueva regulación se propone, igualmente, clarificar el régimen arancelario de los procuradores.

Successful group of business people outdoors looking at the camera smilingRespecto del ejercicio profesional de la abogacía y la procura, el objetivo fundamental es permitir su desarrollo conjunto en las sociedades profesionales permitiendo que ambos tipos de profesionales puedan integrarse en una misma entidad. La independencia e imparcialidad en la profesión quedará garantizada impidiendo que un mismo profesional pueda desempeñar conjuntamente ambas funciones. Abogados y procuradores, aunque integrados, pues, en una misma sociedad profesional conservarán de forma independiente sus competencias, obligaciones y responsabilidades.

Respecto del acceso a estas profesiones, el Gobierno anuncia que se establecerá un sistema de acceso único y común para ambas. Es de esperar, pues, la introducción de ciertos cambios en el sistema actual realización de un máster profesionalizante tras la obtención del grado y posterior examen nacional de acceso a la profesión que, actualmente, es diferente para la abogacía y la procura.

Para la tramitación de este Proyecto el Gobierno anuncia que junto a los informes preceptivos de los Órganos Constitucionales se solicitará informe también al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de la Abogacía Española.