El concepto derecho a saber apela al derecho a acceder a la información pública y explica en un sistema democrático “el reconocimiento expreso a la ciudadanía de que aquello que hace el poder no tiene que ser opaco”, según plantea Manuel Alcaraz Ramos, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante.
Desde el surgimiento de la idea de derecho a saber en la década de los 60-70, las demandas ciudadanas que exigen al poder político un mayor nivel de transparencia se han ido generalizando. Así, si bien se trata de un derecho consolidado en el ámbito internacional, en un estado con poca tradición de transparencia como es España, su traslación al ordenamiento jurídico ha tenido lugar recientemente con la aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia estatal y de las diferentes leyes autonómicas que la han sucedido. En esta tendencia ha tenido (y tiene) una influencia notable el momento político, caracterizado por las reivindicaciones ciudadanas de apertura de las instituciones y regeneración política. Aunque son diversas las opiniones al respecto del carácter que tiene el derecho de acceso a la información, en España se ha configurado no como derecho fundamental sino a partir del acceso de la ciudadanía a los archivos y registros administrativos contemplado en el artículo 105.b de la Constitución.
La apertura de un canal de comunicación entre la ciudadanía y el poder político se fragua en la idea de transparencia, que incluye dos vertientes. Por una parte, el derecho de acceso a la información pública, que implica la obligación de la Administración de facilitar la información pública cuando un ciudadano o ciudadana la solicite. Pero, partiendo de ahí, se introduce el principio de publicidad activa, por la cual la Administración se obliga a publicar determinada información motu propio, sin necesidad de que le sea solicitada. “El principio de publicidad activa es la obligación de poner a disposición, no sólo de los ciudadanos interesados, sino de toda la ciudadanía cualquier información que se posea” señala Manuel Alcaraz Ramos. Se trata, así, de dos caras de una misma moneda que suponen un cambio en la forma de entender la relación entre los poderes públicos y la ciudadanía.
